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Máster en derecho penal económico. (Online) _ Uvirtual

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Máster en derecho penal económico. (Online) _ Uvirtual

En los últimos años, se han hecho patentes los efectos de la globalización en diversos ámbitos de las sociedades contemporáneas, particularmente en la economía, donde las distintas economías nacionales se integran, cada vez más, en un tráfico económico a nivel mundial, favorecido por la libertad de circulación de  personas, mercancías, servicios y capitales. Además, la globalización también ha producido la integración y el contacto de prácticas culturales y normativas, siendo el factor tecnológico un mecanismo multiplicador de difusión a gran escala. Ello ha dado lugar a una expansión sin igual de la interconexión tanto física, basada en la masificación de los medios de transporte, como virtual, a través de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Ello se ha reflejado en el tráfico económico, que ha visto ampliadas notablemente las posibilidades de negocio y los mecanismos de transacción entre sujetos radicados en lugares diversos del planeta.

Todo lo anterior, junto con la creciente flexibilización de las fronteras nacionales ha favorecido, además, la aparición de determinadas formas de criminalidad, que han aprovechado las ventajas de la globalización para expandirse y conseguir más beneficios, haciendo uso de los mecanismos de los sistemas político, jurídico y económico para lograr sus fines y adquirir, con ello, una creciente naturaleza transnacional y organizada. Este hecho ha revelado la necesidad de fomentar la coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y la aproximación de las legislaciones penales.

Así, en este ámbito, cobra especial sentido la labor normativa de las instancias supranacionales, en especial, en lo que aquí se refiere, instituciones como las Naciones Unidas, la OCDE o la Unión Europea. En este último caso, el Derecho Penal Económico es uno de los principales objetos de atención de la actividad normativa en la esfera comunitaria, convirtiéndose, de hecho, es uno de los ámbitos de más rápido crecimiento de la acción legislativa en la Unión.

A modo clarificador, deben mencionarse algunos de los temas fundamentales del Derecho Penal Económico que han sido objeto de regulación por la Unión Europea en las últimas dos décadas:

  • el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo);
  • la delincuencia informática (Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013 relativa a los ataques contra sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo);
  • la trata de seres humanos (Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI);
  • la falsificación de medios de pago (Decisión Marco del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa a la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo);
  • el empleo de nacionales de terceros países en situación irregular (Directiva 2009/52/CE, de 18 de junio, por la que se establecen normas mínimas sobre sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular);
  • los atentados contra el medio ambiente (Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal);
  • la delincuencia organizada (Decisión Marco 2008/841/JAI  del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada);
  • la información privilegiada (Directiva 2003/06 del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado)
  • la corrupción privada (Decisión marco 2003/568/JAI relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado);
  • los intereses financieros de la Unión Europea (Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 26 de junio de 1995, conocido como Convenio PIF)

En la actualidad, en suma a lo anterior, existe un debate abierto a nivel europeo en torno a la conveniencia de que la Unión Europea aumente su capacidad de intervención penal a otros ilícitos relacionados con los delitos societarios, los delitos contra la competencia y el mercado (publicidad engañosa, información privilegiada en el mercado de valores, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, entre otros), los delitos alimentarios, etc., con el fin de garantizar el desarrollo de la política comercial común y el correcto funcionamiento del mercado interior.

Esta tendencia político-criminal desarrollada en el contexto comunitario tiene importantes consecuencias, en primer lugar, sobre los propios Estados miembro, que se ven obligados a adecuar y armonizar sus ordenamientos jurídico-penales internos a las exigencias emanadas de la Unión Europea, pero también, en segundo lugar, en los propios operadores jurídicos, que deben conocer en todo momento las novedades normativas de un sector tan dinámico como es el Derecho Penal Económico.

A todo lo expuesto, ha de añadirse la importancia nuclear que, en este sector del ordenamiento, cobran las empresas, sociedades civiles y mercantiles, fundaciones y otros operadores económicos con personalidad jurídica. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento en el año 2010 supuso un cambio de paradigma fundamental en nuestra estructura de imputación delictiva, siendo necesario un replanteamiento de la teoría del delito -aspecto aún en construcción-, así como hace preciso dirigir la mirada a cuestiones a las que la disciplina penal no se había enfrentado hasta ahora. La reforma penal de 2015, por su parte, ha reforzado la conveniencia de disponer de programas de prevención de delitos si la empresa quiere evitar una eventual imputación por delitos cometidos por sus dirigentes y mandos intermedios o, en el peor de los casos, si quiere optar al menos a una atenuación de la pena. Esta posibilidad, además, se ha convertido en obligación para algunas personas jurídicas, como los partidos políticos. Y, por ello, cobran especial relevancia los llamados programas de cumplimento y compliance -aquello que podríamos denominar genéricamente buena gobernanza corporativa-, los cuales son relativamente novedosos en nuestro país y respecto de  los que todavía subsisten muchas dudas sobre su diseño, implementación y valoración.

Lo anteriormente expuesto obliga al profesional a realizar un esfuerzo ingente de actualización y adaptación al cambiante marco normativo y a las prácticas que genera. Por tal motivo, la disciplina del Derecho Penal Económico se revela como una de las más dinámicas del ordenamiento jurídico y cuenta, cada vez más, con un espacio diferenciado dentro del Derecho Penal; manifestando singularidades tanto de Parte General como de Parte Especial y revelando conexiones con otras ramas del Derecho y con otras disciplinas del saber.

Ello hace necesaria la previsión de una formación específica, especializada y transversal que dé respuesta a las necesidades que surgen en este sector. Actualmente existe una fuerte demanda de conocimientos sobre este ámbito del Derecho, que en gran parte se debe a la última modificación del Código Penal, en vigor desde julio 2015. Reforma que tiene como objetivo, entre otros, la lucha contra la corrupción, la delincuencia económica y los incumplimientos penales por parte de las empresas y personas jurídicas, insistiendo en la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El objetivo fundamental del Máster en Derecho Penal Económico es formar profesionales con las competencias requeridas para que puedan orientar su actividad en el campo del asesoramiento jurídico-empresarial en Derecho Penal Económico, al contar con los instrumentos y competencias necesarias para la práctica en este sector. Los egresados tendrán una visión de conjunto, en clave de sistema penal, de los fundamentos criminológicos, jurídico-penales y procesales del Derecho Penal Económico, siendo capaces de detectar las tensiones que subyacen a la regulación penal de la actividad empresarial. Las competencias adquiridas por los egresados incluyen la capacidad de rápida adaptación a los continuos cambios que se producen en la normativa de aplicación en el sector del Derecho Penal Económico, tanto por la aparición de nuevos riesgos que exigen nuevas respuestas, o una adaptación de las ya existentes, como por las variaciones en la exposición de las empresas a los riesgos ya conocidos. De esta manera, los profesionales formados en Derecho Penal Económico estarán preparados para enfrentarse con éxito a un ámbito de trabajo en continua mutación.

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación  Superior.  Así mismo podrán acceder los titulados universitarios conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de Salamanca de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles.

El Máster en Derecho Penal Económico está especialmente orientado al / a la:

  • Ejercicio profesional de la abogacía.
  • Asesoramiento jurídico-empresarial en Derecho Penal Económico.
  • Trabajo técnico en el área pública de la Justicia penal (juzgados, prisiones, Fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.).
  • Trabajo técnico en el área de la comunicación especializada en materia criminal económica.
  • Colaboración con entidades públicas, asociaciones y grupos de interés en la prevención de la delincuencia económica, así como al diseño de programas destinados a tal fin.

Procedimientos para la admisión:

Para acceder a cursar este Máster los alumnos deberán presentar los siguientes documentos:

  • Ficha de admisión académica debidamente cumplimentada.
  • Documento de identidad autenticado.
  • Presentación de acreditación (compulsa original) de titulación Universitaria en alguna de las siguientes ciencias sociales y jurídicas: Derecho, Criminología, Ciencia Política, Psicología, Sociología, Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social, Ciencias sociales, Ciencias policiales, fundamentalmente.
  • Currículum vitae, señalando experiencia laboral relacionada con el contenido del programa (en el caso de que proceda).
  • Además de presentar la documentación especificada los candidatos podrían ser convocados una entrevista online, con un miembro de la Comisión Académica del curso   por   vías  telemáticas.  (Reservándose  la   Comisión   Académica   esta decisión).

Criterios de selección:

Cuando la demanda de plazas sea superior al número ofertado, el baremo que se utilizará como criterio de selección será el de la mayor puntuación siguiendo este criterio de valoración de cada solicitud. Titulación Universitaria 40%. Currículum Vitae 25%. Experiencia Laboral 20%. Entrevista Personal 15% (cuando proceda).

Una vez admitido/a, el/la estudiante deberá remitir los documentos físicamente. Condición indispensable para efectuar su matriculación.

 

Créditos ECTS y duración:
Duración: Un curso académico
Nº de Créditos ECTS: 90

Precio de la matrícula:
5.940 €

Número de plazas de Nuevo ingreso:
35

Página web

 

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